La República Dominicana mantiene conversaciones con Estados Unidos para revisar el nuevo arancel de 12.5 % aplicado a productos dominicanos, una medida que preocupa a sectores exportadores por su posible efecto en la competitividad del país. El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, afirmó que el Gobierno confía en lograr resultados favorables mediante el diálogo técnico y diplomático.
El gravamen forma parte de una política comercial estadounidense vinculada a controles contra mercancías producidas mediante trabajo forzoso. Aunque la medida no está dirigida únicamente a República Dominicana, el país quedó incluido dentro del grupo afectado, lo que obliga a las autoridades a defender su posición ante su principal socio comercial.
Para responder a las observaciones de Washington, el Gobierno dominicano emitió un decreto que prohíbe la importación de productos elaborados bajo trabajo forzoso y establece mecanismos de verificación. La Dirección General de Aduanas y el Ministerio de Trabajo tendrán responsabilidades clave en la aplicación de estos controles.
La preocupación principal está en el impacto que el arancel podría tener sobre las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos, mercado que representa una parte esencial del comercio exterior nacional. Un costo adicional puede reducir márgenes de ganancia, afectar contratos y restar competitividad frente a otros países proveedores.
Sanz Lovatón ha insistido en que República Dominicana busca preservar su capacidad de competir sin descuidar el cumplimiento de estándares internacionales. En ese sentido, el Gobierno apuesta por demostrar avances institucionales y mantener abierta la comunicación con las autoridades estadounidenses.
El resultado de las negociaciones será determinante para el sector exportador. Si el país logra una revisión favorable, podría reducir la presión sobre sus productos y fortalecer su imagen como socio comercial confiable.
