Las pérdidas de energía de las Empresas Distribuidoras de Electricidad alcanzaron 40.1 % entre enero y abril, un nivel que vuelve a colocar bajo presión uno de los problemas más persistentes del sistema eléctrico dominicano. Esto significa que, de cada diez gigavatios-hora comprados por las distribuidoras, aproximadamente cuatro no fueron facturados o no lograron convertirse en cobros efectivos.
El dato refleja una combinación de pérdidas técnicas y comerciales. Las primeras están asociadas a fallas, deterioro o limitaciones de las redes de distribución, mientras que las segundas tienen que ver con energía servida que no se factura, conexiones irregulares, fraude eléctrico o facturas que no se cobran. En ambos casos, el resultado final es el mismo: las distribuidoras compran energía que luego no recuperan en ingresos.
El problema tiene un impacto directo sobre las finanzas públicas. Las EDE dependen de transferencias estatales para cubrir parte de sus déficits, por lo que las pérdidas terminan siendo asumidas por el presupuesto nacional. En la práctica, cuando la energía se compra y no se cobra, el costo no desaparece; se traslada al Estado y, finalmente, a los contribuyentes.
La cifra también contrasta con los planes oficiales de estabilización y reducción progresiva de pérdidas anunciados para el sector. Aunque las autoridades han señalado avances en facturación, cobros e inversiones, los resultados muestran que el sistema sigue arrastrando una ineficiencia estructural difícil de corregir. El reto no es solo comprar más energía para cubrir la demanda, sino asegurar que esa energía llegue, se facture y se cobre.
Para los usuarios, estas pérdidas también se traducen en problemas de calidad del servicio. Redes sobrecargadas, apagones, averías, baja inversión efectiva y dificultades de cobro afectan la capacidad de las distribuidoras para ofrecer un suministro estable. Mientras más energía se pierde, menos recursos quedan disponibles para mejorar infraestructura, reducir interrupciones y responder a la demanda creciente.
Reducir el 40.1 % de pérdidas exigirá medidas más profundas que operativos temporales o anuncios administrativos. El sistema necesita inversión sostenida en redes, combate real al fraude, actualización tecnológica, medición más precisa, gestión comercial eficiente y mayor transparencia en los resultados. Sin esa corrección, el país seguirá comprando energía que no logra cobrar, manteniendo abierto uno de los mayores hoyos financieros del sector eléctrico.
