El Estado dominicano deberá pagar RD$2,693 millones por terrenos ubicados en el área de la avenida José Contreras, luego de que una inactividad procesal atribuida a abogados de Bienes Nacionales impidiera que se revisara a fondo una condena judicial. El caso ha generado preocupación porque involucra una suma millonaria de recursos públicos y revela cómo un error legal puede terminar costándole al país miles de millones de pesos.
El conflicto se relaciona con terrenos declarados de utilidad pública décadas atrás para proyectos de infraestructura, embellecimiento y construcción de viviendas. Los sucesores de antiguos propietarios reclamaron el pago correspondiente por esos terrenos y el proceso terminó con una sentencia que fijó una compensación superior a los RD$2,600 millones. El Estado intentó cuestionar ese monto, pero el recurso no avanzó por falta de impulso procesal.
De acuerdo con la decisión judicial, Bienes Nacionales dejó pasar el tiempo sin realizar actuaciones necesarias para mantener vivo el recurso de casación. Esa omisión provocó la perención del expediente, es decir, la extinción del recurso por inactividad. En términos prácticos, la discusión sobre si el monto era correcto o excesivo nunca llegó a ser examinada por la Suprema Corte de Justicia.
El caso resulta especialmente delicado porque Bienes Nacionales alegaba que la tasación tomada como base incluía mejoras realizadas por el propio Estado, como calles, aceras, alumbrado y edificaciones. Sin embargo, ese argumento quedó fuera del análisis judicial por la falla procesal. La controversia, entonces, no se resolvió por una revisión de fondo, sino por una consecuencia derivada del manejo del expediente.
Este tipo de situaciones afecta la confianza ciudadana en la administración pública. Cuando un litigio millonario se pierde por inactividad o descuido, no solo se compromete el presupuesto estatal, también se abre un debate sobre la calidad de la defensa legal del Estado. La población termina pagando los costos de errores que pudieron evitarse con mayor seguimiento, supervisión y responsabilidad institucional.
El caso deja una advertencia clara para las entidades públicas: los procesos judiciales deben manejarse con rigor, especialmente cuando están en juego sumas tan elevadas. Más allá del fallo, la pregunta de fondo es quién responde cuando una negligencia procesal provoca una obligación multimillonaria para el Estado dominicano.
