El Gobierno inició un levantamiento presencial de las nóminas públicas con el objetivo de detectar distorsiones, validar puestos de trabajo y establecer una cifra más precisa sobre la cantidad real de empleados que laboran en el Estado. El proceso, según informaciones publicadas por Diario Libre, está siendo realizado por tres firmas contratadas para revisar directamente la situación del personal en distintas instituciones.
La auditoría responde a una debilidad histórica de la administración pública dominicana: la falta de un dato único, actualizado y confiable sobre la empleomanía estatal. Aunque las instituciones publican nóminas mensuales en sus portales de transparencia, esas informaciones no siempre permiten determinar con claridad si todos los empleados registrados cumplen funciones activas, si existen duplicidades o si hay estructuras infladas.
El levantamiento presencial busca ir más allá de los documentos. La revisión en el terreno permite confirmar quiénes están efectivamente trabajando, qué funciones desempeñan, en qué dependencia prestan servicio y si los cargos registrados coinciden con la realidad administrativa. Este tipo de verificación es clave para detectar nombramientos sin funciones claras, personal asignado irregularmente o diferencias entre lo que aparece en nómina y lo que ocurre dentro de las instituciones.
La importancia del proceso también está vinculada al gasto público. La nómina estatal representa una parte significativa del presupuesto nacional, por lo que cualquier distorsión puede traducirse en pagos innecesarios, uso ineficiente de recursos o falta de control sobre la estructura del Estado. Ordenar esa información permitiría tomar decisiones más responsables sobre contrataciones, reubicaciones, cancelaciones o necesidades reales de personal.
De acuerdo con lo reportado, la auditoría concluiría en diciembre, plazo en el que se espera contar con una base más clara para tomar medidas. Sin embargo, el desafío no termina con el levantamiento. Para que el proceso tenga impacto, sus resultados deberán traducirse en acciones concretas, mayor transparencia y mecanismos permanentes de actualización que eviten que las mismas irregularidades vuelvan a repetirse.
La revisión de las nóminas públicas puede convertirse en una herramienta importante para mejorar la eficiencia del Estado y fortalecer la confianza ciudadana. En un país donde por años se ha debatido sobre botellas, duplicidades y exceso de empleados, contar con información verificable no es solo un asunto administrativo, sino una condición básica para una gestión pública más seria y responsable.
