El 23, 24 y 25 de abril de 1984, la República Dominicana vivió tres días de estallido social sin precedentes en su historia democrática reciente. El detonante fue el anuncio del gobierno de Salvador Jorge Blanco de aplicar un paquete de medidas económicas exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluía aumentos drásticos en los precios de alimentos básicos, medicinas y combustibles. En un país donde amplios sectores vivían al día, el aumento fue percibido como un ataque directo a la sobrevivencia diaria de la gente.
Los barrios populares de Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís y otras ciudades explotaron. Miles de personas salieron a las calles, levantaron barricadas con neumáticos ardiendo, saquearon supermercados y colmados, y enfrentaron a la Policía Nacional y al Ejército. Durante tres días, el país quedó prácticamente paralizado. El gobierno respondió militarizando las calles, imponiendo toques de queda y autorizando el uso de armas de fuego contra los manifestantes en pleno horario diurno.
Las cifras oficiales hablaron de decenas de muertos, pero investigaciones periodísticas y de organizaciones de derechos humanos elevaron el número a más de un centenar de víctimas, incluyendo niños y ancianos alcanzados por balas dentro de sus propias casas. Miles resultaron heridos y detenidos. Los barrios más golpeados fueron los del sur de la capital: Capotillo, Los Guandules, Gualey y La Ciénaga, donde la represión fue particularmente feroz durante las tres jornadas.
La Poblada de Abril de 1984 cambió la relación entre el pueblo dominicano y las políticas neoliberales del FMI, y le costó al PRD un desgaste político del que nunca se recuperó del todo. Marcó también el fin de la ilusión de que la democracia post-Balaguer traería automáticamente prosperidad. Cuatro décadas después, sigue siendo recordada como el momento en que los barrios pobres de Santo Domingo demostraron que también podían hacer temblar al poder, aunque el costo humano fuera devastador.
La indignación popular no surgió de manera aislada. Durante años, amplios sectores de la población venían acumulando frustración por el alto costo de la vida, el desempleo, los bajos salarios y la sensación de abandono estatal. El paquete económico anunciado en abril de 1984 fue visto como la gota que derramó la copa, especialmente en los barrios más pobres, donde cada aumento en los productos básicos significaba menos comida en la mesa.
La respuesta del gobierno marcó uno de los capítulos más duros de la historia reciente dominicana. La militarización de las calles, los disparos contra manifestantes y las detenciones masivas dejaron una profunda cicatriz social. Para muchas familias, aquellos tres días no fueron solo una protesta nacional, sino una tragedia personal: hijos, padres, madres y vecinos quedaron atrapados entre la rabia colectiva y una represión que no distinguió edades ni condiciones.
Cuatro décadas después, la Poblada de Abril sigue siendo recordada como una advertencia sobre el costo humano de imponer medidas económicas sin tomar en cuenta la realidad de los sectores más vulnerables. Aquel estallido mostró que cuando el hambre, la desigualdad y la desesperanza se juntan, el malestar social puede convertirse en una fuerza difícil de contener. Su memoria permanece viva como símbolo de resistencia popular y como recordatorio de que las decisiones económicas también tienen consecuencias humanas.
