Un operativo de seguridad realizado en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, en Moca, provincia Espaillat, terminó con cuatro privados de libertad heridos después de que un grupo de internos se resistiera a una requisa ejecutada la noche del jueves 27 de agosto. Las autoridades penitenciarias indicaron que la intervención comenzó aproximadamente a las 7:30 de la noche, luego de labores de inteligencia que habrían identificado irregularidades dentro de uno de los módulos ubicados en el segundo nivel del recinto. El procedimiento tenía como objetivo localizar artículos cuyo ingreso y posesión están prohibidos dentro del centro penitenciario.
Durante la inspección, el personal penitenciario reportó el hallazgo de teléfonos inteligentes y sustancias descritas preliminarmente como ilícitas. A partir de ese momento se produjo una confrontación con ocho internos que, según la versión oficial, rechazaron la intervención y comenzaron a alterar el orden dentro del módulo. Las autoridades sostienen que algunos de los reclusos lanzaron objetos contra el personal de seguridad, creando una situación que podía extenderse hacia otras áreas de la prisión si no era contenida rápidamente. No se informó de agentes penitenciarios lesionados durante el incidente.
Ante el aumento de la tensión, los responsables de seguridad activaron los procedimientos establecidos para restablecer el control. Según el informe suministrado por la dirección del centro, fueron utilizadas escopetas con perdigones y se realizaron disparos de advertencia durante la intervención. Como consecuencia del operativo, cuatro de los internos involucrados resultaron con lesiones que posteriormente fueron calificadas como leves. Los afectados recibieron atención en el área médica del propio establecimiento penitenciario y, después de ser evaluados, fueron enviados nuevamente a sus respectivos alojamientos.
La administración del centro identificó a ocho privados de libertad como participantes en los disturbios y señaló a varios de ellos como presuntos responsables de haber promovido la resistencia. Sin embargo, estas imputaciones forman parte del informe preliminar de las autoridades y deberán ser analizadas dentro de la investigación disciplinaria correspondiente. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales indicó que se determinarán responsabilidades individuales antes de adoptar eventuales medidas contra los internos vinculados al incidente.
Más allá de lo ocurrido específicamente en Moca, el decomiso de teléfonos inteligentes y posibles sustancias narcóticas vuelve a llamar la atención sobre uno de los problemas más persistentes dentro del sistema penitenciario dominicano: el ingreso y circulación de objetos prohibidos. Los teléfonos pueden convertirse en herramientas especialmente sensibles dentro de una prisión porque permiten comunicaciones no supervisadas con personas en el exterior y, en casos documentados en distintos sistemas penitenciarios, pueden facilitar extorsiones, coordinación de actividades ilícitas o evasión de los controles institucionales. De ahí que las requisas constituyan una parte recurrente de las operaciones de seguridad en los recintos carcelarios.
Las autoridades penitenciarias aseguraron que continuarán las investigaciones para establecer cómo llegaron los artículos decomisados al módulo y determinar las responsabilidades correspondientes. El episodio también plantea interrogantes sobre los mecanismos de prevención necesarios para evitar nuevos enfrentamientos durante inspecciones futuras. El reto para la administración penitenciaria consiste no solamente en impedir el ingreso de sustancias y dispositivos ilegales, sino en garantizar que los procedimientos de requisa se ejecuten preservando simultáneamente la seguridad del personal, de los demás privados de libertad y los derechos de quienes se encuentran bajo custodia estatal.
