República Dominicana aparece en un reciente informe de Estados Unidos que analiza las acciones de distintos países para combatir la producción y comercialización de bienes elaborados mediante trabajo forzoso.
Según el documento, el país forma parte de un grupo de 54 economías que, a juicio de las autoridades estadounidenses, no han aplicado de manera efectiva las restricciones necesarias para evitar que productos vinculados a estas prácticas lleguen a los mercados internacionales.
La evaluación fue realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que situó a República Dominicana entre las naciones observadas bajo los criterios establecidos en la Sección 307 de la Ley Arancelaria de 1930, una normativa que prohíbe la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.
Para las autoridades estadounidenses, este tipo de trabajo ocurre cuando una persona es obligada a realizar una labor o prestar un servicio bajo amenazas, presiones o algún tipo de castigo, sin haber aceptado hacerlo de forma voluntaria.
La inclusión de República Dominicana en este informe no implica que toda su producción esté relacionada con estas prácticas, pero sí coloca la atención sobre la necesidad de continuar fortaleciendo los controles laborales y garantizar que los derechos de los trabajadores sean respetados en todos los sectores productivos.
