La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Barahona impuso este lunes tres meses de prisión preventiva a Ramón Conton, conocido como “Mancebo”, a quien el Ministerio Público atribuye agresiones sexuales contra cuatro menores de edad. La decisión fue adoptada por la jueza María Consuelo Valenzuela, quien acogió la solicitud presentada por el órgano persecutor y ordenó que el imputado cumpla la medida de coerción en la cárcel pública de Barahona mientras continúa la investigación. Se trata todavía de una fase preliminar del proceso penal y no de una sentencia condenatoria.
El expediente no comenzó esta semana. Las investigaciones fueron abiertas en mayo de 2026 después de que el Ministerio Público recibiera una denuncia anónima mediante Línea Vida, mecanismo utilizado para comunicar situaciones de violencia y vulneración de derechos. A partir de esa información, fiscales de Barahona iniciaron las diligencias correspondientes y posteriormente obtuvieron una orden judicial de arresto. Conton fue detenido el pasado 7 de agosto mediante la orden número 2026-0262899 y después sometido a la justicia, proceso que desembocó ahora en la imposición de los tres meses de prisión preventiva.
De acuerdo con la investigación inicial presentada por la Fiscalía, las presuntas víctimas son tres niñas y un niño de 12, 11, 8 y 6 años. El Ministerio Público sostiene que los hechos se produjeron en más de una ocasión y que el imputado presuntamente aprovechaba momentos en los que los menores se encontraban sin supervisión adulta. Por tratarse de niños y de una investigación de naturaleza sexual, el expediente debe manejarse evitando exponer identidades o información innecesaria que pueda revictimizarlos. Las autoridades han limitado públicamente los detalles mientras continúan recopilando elementos para sustentar el proceso.
Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Johedis Medina, quien defendió la necesidad de mantener al imputado privado de libertad mientras avanzan las pesquisas. La Fiscalía atribuye al acusado violaciones de disposiciones penales y del artículo 396, letra C, de la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes. La jueza consideró procedente la medida solicitada, pero esto no significa que el tribunal haya determinado culpabilidad: la prisión preventiva es una medida cautelar destinada a garantizar la presencia del imputado y proteger el desarrollo del proceso mientras se conocen posteriormente las pruebas de fondo.
Un elemento relevante del caso es que toda la investigación habría comenzado gracias a una denuncia anónima. Eso vuelve a colocar bajo atención la importancia de los canales habilitados para alertar a las autoridades cuando existen sospechas de abuso o violencia contra menores. En este expediente, la información recibida mediante Línea Vida permitió que fiscales iniciaran verificaciones varios meses antes de que el caso llegara públicamente a los tribunales. La protección de las cuatro presuntas víctimas y cualquier evaluación psicológica o social que corresponda deberán desarrollarse paralelamente al procedimiento penal.
Con la decisión adoptada este lunes comienza ahora un período de tres meses durante el cual el Ministerio Público deberá continuar fortaleciendo el expediente. La investigación tendrá que establecer de manera individualizada los hechos atribuidos, reunir testimonios y peritajes admisibles y determinar posteriormente si existen elementos suficientes para presentar una acusación formal. La defensa, por su parte, conservará el derecho de controvertir las pruebas y solicitar las revisiones procesales correspondientes. Por eso, la noticia central de este 31 de agosto no es una condena, sino que un tribunal decidió mantener preventivamente en prisión al acusado mientras avanza uno de los expedientes de protección de menores que actualmente conoce la justicia de Barahona.
