El presidente estadounidense Donald Trump sufrió este viernes 28 de agosto un nuevo revés en su prolongada batalla jurídica para eliminar la condena penal que recibió en Nueva York por falsificación de registros comerciales. El juez federal Alvin K. Hellerstein rechazó otra solicitud de Trump para trasladar el caso desde la jurisdicción estatal hacia un tribunal federal, donde sus abogados pretendían posteriormente buscar la anulación del veredicto utilizando argumentos relacionados con la inmunidad presidencial. Se trata de la tercera ocasión en que el juez rechaza un intento de este tipo.
El origen del expediente se encuentra en el pago de 130,000 dólares realizado a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016. Los fiscales sostuvieron que registros comerciales fueron falsificados para ocultar la verdadera naturaleza del reembolso relacionado con ese pago. Trump negó haber cometido delito alguno y también ha negado la relación sexual que Daniels asegura haber mantenido con él años antes. En mayo de 2024, un jurado de Nueva York declaró a Trump culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, convirtiéndolo en el primer expresidente estadounidense condenado penalmente.
Los abogados del mandatario han intentado utilizar una decisión posterior de la Corte Suprema estadounidense sobre inmunidad presidencial para cuestionar la validez del proceso. Argumentan que parte de las pruebas y declaraciones presentadas durante el juicio estaban relacionadas con actividades desempeñadas mientras Trump ocupaba la Presidencia y que, por tanto, debieron recibir protección. Hellerstein rechazó esa interpretación y consideró que las actuaciones fundamentales del expediente estaban vinculadas a asuntos privados y no podían convertirse en actos oficiales únicamente porque determinadas conversaciones ocurrieran mientras Trump ejercía el cargo.
El juez también cuestionó la estrategia procesal seguida por los abogados de Trump. Después de que la Corte Suprema emitiera su importante decisión sobre inmunidad en 2024, la defensa acudió primero al tribunal estatal para buscar la anulación del veredicto y solamente después reactivó su intento de mover el expediente al sistema federal. Hellerstein consideró que esa secuencia fue una decisión estratégica y que el hecho de que posteriormente la defensa considerara menos conveniente el camino elegido no era motivo suficiente para reabrir ilimitadamente la posibilidad de traslado.
La condena permanece vigente aunque Trump no cumple una pena de prisión, multa o libertad condicional por ella. El juez estatal Juan Merchan había impuesto una descarga incondicional, una fórmula que dejó formalmente intacto el veredicto sin añadir castigo. Ese resultado permitió que Trump asumiera nuevamente la Presidencia sin una pena que interfiriera directamente con el ejercicio del cargo, pero no eliminó su condición de condenado. Paralelamente al litigio federal, sus abogados mantienen recursos dentro del sistema judicial estatal de Nueva York buscando revertir el veredicto.
La defensa reaccionó rápidamente y anunció una nueva apelación, por lo que la decisión del 28 de agosto difícilmente será el capítulo final. Jurídicamente, el caso continúa teniendo una relevancia excepcional porque obliga a los tribunales a delimitar hasta dónde llega la protección constitucional de un presidente frente a acciones realizadas antes o durante el ejercicio del poder. Políticamente, mantiene viva una condena histórica mientras Trump vuelve a ocupar la Casa Blanca. El fallo de Hellerstein no resuelve todos los recursos pendientes, pero sí cierra, al menos temporalmente, otra de las vías utilizadas por la defensa para intentar sacar el expediente de los tribunales estatales de Nueva York.
