El Servicio Nacional de Salud informó el 27 de agosto que la cantidad de muertes neonatales registrada en los hospitales públicos entre enero y julio de 2026 fue considerablemente menor que la correspondiente al mismo período de 2019. De acuerdo con las cifras presentadas por la Dirección Materno Infantil y Adolescentes, la reducción alcanzó aproximadamente un 30.1 %, equivalente a 327 fallecimientos menos de recién nacidos. El organismo gubernamental presentó el resultado como evidencia de una mejora sostenida en la atención materno-neonatal ofrecida dentro de la red pública de salud.
Las autoridades atribuyeron la disminución a una combinación de medidas implementadas durante los últimos años, entre ellas el fortalecimiento de las unidades de cuidados intensivos neonatales, la capacitación del personal médico y de enfermería, una mayor supervisión de las maternidades y el establecimiento de protocolos dirigidos a prevenir infecciones y atender complicaciones durante los primeros días de vida. La etapa neonatal comprende los primeros 28 días después del nacimiento y constituye uno de los períodos de mayor vulnerabilidad para un niño, especialmente cuando existen condiciones como prematuridad, bajo peso o problemas respiratorios.
El resultado tiene importancia porque la mortalidad neonatal funciona como uno de los indicadores utilizados internacionalmente para evaluar el desempeño de un sistema sanitario. No depende exclusivamente del tratamiento que recibe el recién nacido después del parto, sino también de la calidad del seguimiento durante el embarazo, las condiciones de la madre, la atención obstétrica, la capacidad para responder ante emergencias y la disponibilidad de unidades especializadas. Por esa razón, una reducción sostenida puede indicar mejoras en múltiples componentes del sistema, aunque las cifras necesitan analizarse junto a otros indicadores de natalidad y salud materna.
Sin embargo, existe un elemento metodológico que debe ser explicado claramente al público: el SNS comparó los resultados de 2026 con los de 2019, es decir, con un período situado siete años antes. Algunos medios nacionales han señalado esa circunstancia al analizar el anuncio institucional. Una comparación de ese tipo puede mostrar la evolución a largo plazo, pero no permite por sí sola determinar si la mortalidad mejoró o empeoró específicamente frente a 2025. Para medir la tendencia más reciente sería necesario disponer también de las cifras completas de los años intermedios y aplicar indicadores proporcionales como las muertes por cada mil nacidos vivos.
La divulgación del informe se produce además en un momento de especial atención pública sobre la calidad de los servicios materno-infantiles, debido a denuncias y cuestionamientos recientes relacionados con fallecimientos de recién nacidos en centros hospitalarios. Esto hace necesario separar dos asuntos: una reducción estadística nacional puede ser cierta y relevante al mismo tiempo que existan episodios particulares que requieran investigación. La mejoría de un indicador agregado no elimina la obligación de examinar individualmente posibles fallos hospitalarios, infecciones, problemas de recursos o decisiones clínicas cuestionadas por familiares.
El desafío para las autoridades será demostrar que la reducción anunciada puede mantenerse y continuar en los próximos años. Para ello será importante publicar series estadísticas comparables, explicar las tasas en relación con el número de nacimientos y fortalecer la vigilancia sobre las maternidades con mayores índices de complicaciones. Si los datos consolidados confirman una tendencia descendente más allá de la comparación con 2019, representarían un avance importante para la salud pública dominicana; al mismo tiempo, la transparencia estadística permitirá evaluar con mayor precisión qué hospitales y programas están produciendo mejores resultados.
