La Junta Central Electoral destinó aproximadamente RD$32.3 millones a boletos aéreos, viáticos y gastos relacionados con misiones internacionales realizadas por sus integrantes entre enero de 2025 y julio de 2026. La información proviene de datos entregados por el propio organismo como respuesta a una solicitud de acceso a información pública.
Durante ese período, los integrantes de la JCE acumularon 71 participaciones individuales en misiones oficiales y un total de 472 días en el extranjero. Los viajes abarcaron 23 países y territorios y estuvieron relacionados con actividades electorales, capacitaciones, encuentros técnicos y otras funciones institucionales.
Del monto desembolsado, alrededor de RD$20.9 millones correspondieron a viáticos y gastos de bolsillo, mientras otros RD$11.3 millones fueron utilizados para adquirir boletos aéreos. Los cinco miembros titulares del pleno concentraron aproximadamente el 96.9 % del gasto total registrado.
Otro dato que genera debate es el uso predominante de clase ejecutiva. Según los documentos examinados, aproximadamente el 97.3 % del dinero destinado directamente a transporte aéreo pagado por la institución correspondió a boletos ejecutivos o trayectos mixtos donde predominaba esa categoría.
Los viáticos utilizados en varias misiones alcanzaron US$800 diarios por funcionario. Como ejemplo, una misión de 12 días podía representar US$9,600 en dietas para cada participante, mientras recorridos más extensos por varios países europeos podían superar los US$11,000 por persona.
La información adquiere mayor relevancia en un contexto en que el Gobierno dominicano ha promovido medidas de racionalización y austeridad del gasto público. La JCE, aunque posee autonomía constitucional, administra recursos provenientes del presupuesto nacional y sus erogaciones están sujetas al escrutinio ciudadano.
Los viajes internacionales pueden formar parte legítima de las responsabilidades técnicas y electorales de un organismo, pero el debate gira ahora alrededor de su costo, frecuencia y necesidad. La publicación de los datos permite que la ciudadanía valore si los recursos utilizados guardan proporcionalidad con los beneficios institucionales obtenidos en esas misiones.
