Una denuncia presentada por empresarios de la región Este volvió a poner bajo cuestionamiento los procesos de contratación vinculados al almuerzo escolar, luego de que señalaran presuntas irregularidades en licitaciones de cocinas del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Según los denunciantes, se habrían cobrado sumas millonarias para favorecer o habilitar suplidores dentro de procesos destinados a garantizar la alimentación de estudiantes.
La acusación apunta a un tema sensible porque el almuerzo escolar mueve grandes recursos públicos y afecta directamente a miles de niños, niñas y adolescentes del sistema educativo. Los empresarios, representados legalmente, afirmaron que en algunos procesos se habrían habilitado cocinas que supuestamente no cumplían con los requisitos establecidos o que, según su versión, ni siquiera operaban como espacios reales de producción de alimentos.
De acuerdo con los planteamientos divulgados, las irregularidades no estarían limitadas a un solo expediente, sino que formarían parte de un patrón dentro de procesos de adjudicación. Los denunciantes aseguran que criterios técnicos como distancia, capacidad operativa y puntuación mínima no habrían sido aplicados de manera uniforme. Estas afirmaciones deberán ser verificadas por las autoridades competentes, ya que involucran posibles faltas administrativas y eventuales responsabilidades penales.
El Inabie, por su parte, ha defendido la transparencia de sus procesos y sostiene que las adjudicaciones fueron realizadas bajo criterios establecidos en los pliegos, con evaluaciones legales, financieras, técnicas y de debida diligencia. La institución también ha señalado que se realizaron inspecciones presenciales a oferentes y que los mecanismos de asignación respondieron a parámetros definidos previamente. Esa respuesta institucional busca contener el impacto de una denuncia que toca una de las áreas más sensibles del gasto educativo.
El caso toma mayor relevancia porque el programa de alimentación escolar no es un servicio secundario. Para muchos estudiantes, representa una comida fundamental durante el día y una garantía para que puedan permanecer en las aulas. Por eso, cualquier sospecha de corrupción en ese sistema genera preocupación pública, no solo por el dinero involucrado, sino por el riesgo de que intereses particulares terminen afectando la calidad del servicio.
La denuncia deberá avanzar con documentos, investigaciones y respuestas formales que permitan establecer si hubo irregularidades reales o si las adjudicaciones se realizaron conforme a la ley. Mientras tanto, el tema queda instalado como una prueba importante para la transparencia del sistema de compras públicas y para la confianza ciudadana en una institución encargada de un servicio esencial para la educación dominicana.
