Una jueza federal de Estados Unidos anuló la política migratoria que suspendía el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una medida impulsada durante la administración de Donald Trump. El fallo representa un revés judicial importante contra una de las disposiciones más restrictivas aplicadas al ingreso legal de extranjeros al territorio estadounidense.
La decisión fue tomada por la jueza Jeannette Vargas, de un tribunal federal de Nueva York, quien consideró que la política era contraria a la ley y excedía la autoridad del secretario de Estado, Marco Rubio. Según el razonamiento judicial, los funcionarios consulares no podían negar solicitudes de visa únicamente por la nacionalidad del solicitante si la persona cumplía con los requisitos establecidos por la legislación migratoria.
La suspensión afectaba solicitudes de ciudadanos de países de América Latina, África, Medio Oriente, Asia y otras regiones, incluyendo naciones como Brasil, Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen. La administración Trump había justificado la medida alegando riesgos relacionados con dependencia de asistencia pública y carga fiscal.
El fallo tiene especial importancia para familias separadas por procesos migratorios detenidos o retrasados. Organizaciones defensoras de inmigrantes celebraron la decisión porque, según sostienen, la política castigaba a solicitantes por su lugar de origen y no por una evaluación individual de sus condiciones o antecedentes.
El Departamento de Estado podría apelar la decisión, por lo que el caso todavía podría continuar en instancias superiores. Sin embargo, la orden judicial revoca denegaciones basadas exclusivamente en esa política y abre la puerta a que solicitudes afectadas sean revisadas bajo criterios legales ordinarios.
La decisión se suma a otros fallos que han limitado medidas migratorias restrictivas durante el actual periodo político estadounidense. El debate de fondo sigue siendo el mismo: hasta dónde puede llegar el Gobierno en materia de control migratorio sin violar derechos, procedimientos y límites establecidos por la ley.
