La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este lunes que la administración de Donald Trump continúe la construcción del controversial complejo de salón de baile valorado en aproximadamente 400 millones de dólares en la Casa Blanca mientras continúa una batalla judicial sobre la legalidad del proyecto. La decisión fue adoptada por una mayoría de 5 contra 4 y suspende, por el momento, una orden de un tribunal inferior que habría detenido una parte importante de los trabajos sobre la superficie.
El proyecto contempla un enorme salón de aproximadamente 90,000 pies cuadrados y ha transformado físicamente una parte histórica de la residencia presidencial. La administración demolió anteriormente el Ala Este de la Casa Blanca para desarrollar el complejo. El National Trust for Historic Preservation presentó una demanda argumentando que el Gobierno no podía ejecutar una intervención de semejante magnitud sin obtener autorización específica del Congreso.
Los tribunales inferiores habían considerado suficientemente serios esos argumentos como para ordenar que parte de la construcción fuera paralizada mientras avanzaba la demanda. La administración Trump acudió entonces a la Corte Suprema solicitando poder continuar las obras. La mayoría aceptó temporalmente esa solicitud, fundamentalmente al considerar que existen dudas sobre si la organización demandante posee legitimación jurídica suficiente para bloquear el proyecto. La decisión, por tanto, no significa que la Corte haya declarado definitivamente legal el salón de baile.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, tomó la inusual posición de disentir junto a los tres magistrados liberales. Roberts sostuvo que el proyecto probablemente viola disposiciones legales porque el Congreso no autorizó expresamente la construcción. El debate se centra en hasta dónde llega la autoridad presidencial para modificar edificios y terrenos federales y en qué momento una renovación deja de ser una simple decisión administrativa y requiere autorización del poder legislativo.
La administración ha defendido además el proyecto utilizando argumentos de seguridad nacional. Según documentos presentados ante los tribunales, el complejo estaría relacionado con instalaciones militares subterráneas, espacios protegidos y nuevas capacidades para realizar grandes eventos oficiales bajo condiciones de seguridad superiores a las estructuras temporales utilizadas anteriormente. Los opositores responden que esas consideraciones no eliminan la obligación constitucional y legal de obtener las autorizaciones correspondientes.
La construcción podrá seguir avanzando mientras el litigio regresa a instancias inferiores, lo que introduce un elemento adicional de controversia: algunas partes del complejo podrían estar prácticamente terminadas antes de que exista una sentencia definitiva sobre la legalidad del proyecto. Por eso, la decisión del lunes representa una victoria inmediata para Trump, pero no cierra el caso. El verdadero debate continúa siendo mucho mayor que un salón de baile: se trata de determinar cuánto poder posee un presidente para modificar unilateralmente uno de los edificios públicos e históricos más importantes de Estados Unidos sin aprobación expresa del Congreso.
